La Auditoria Superior de la Federación (ASF) observó un posible daño patrimonial por 61.6 millones de pesos en la gestión de Lalo Rivera al frente del Ayuntamiento de Puebla.
El informe de la cuenta pública 2022, emitió dos pliegos de observación para el municipio de Puebla; derivado de su recurso de participaciones federales.
La ASF tomó en consideración un monto de 114 millones 529 mil pesos para llevar a cabo la auditoria ordinaria en la capital.
Como resultados se tuvieron dos montos por aclarar por un total de 61 millones 660 mil 334 pesos; asi como dos promociones de responsabilidad administrativa contra funcionarios.
Al respecto el actual alcalde suplente, Adán Domínguez declaró que están tranquilos ante las observaciones de la Auditoría. Dijo que son un municipio transparente y que solventarán las “dudas”.
La auditoría señala en que tiene dudas y el Ayuntamiento va entregando esa documentación para ir resolviéndolas, este proceso no ha terminado, es un proceso que sigue su curso”.
¿Qué observó la ASF en la gestión de Lalo Rivera?
En primer lugar, hay un posible daño patrimonial por 57 millones 205 mil 37 pesos derivado de los siguientes conceptos:
- 36 millones 291 mil 928 pesos: Por deficiencias en la firma de un convenio, así como la falta de evidencia de la cesión de derechos de cobro a una empresa.
- 16 millones 132 mil 415 pesos: Por la falta de documentación que compruebe un servicio contratado de asesoría y consultoría; además de la operación del chatbot inteligente “Ángela”.
- 4 millones 780 mil 692 pesos: Por la falta de congruencia entre los periodos de ejecución de la difusión del quehacer gubernamental.
La segunda observación es por 4 millones 455 mil 297 pesos por inconsistencias en la conclusión de obras de infraestructura vial en la ciudad.
El Ayuntamiento ahora dirigido por Adán Domínguez tendrá 30 días para solventar las inconsistencias que detectó la Auditoría Superior de la Federación.
Ayuntamientos reciben dos notificaciones de procedimientos administrativos
Por las inconsistencias en el contrato celebrado para la difusión del quehacer gubernamental del Ayuntamiento de Puebla, se solicitó una promoción de responsabilidad administrativa.
Esto contra quien resulte responsable de que no se entregaron en orden los reportes, ni se integraron como debía.
Por otra parte, se pide que la Contraloría Municipal inicie varios procedimientos contra funcionarios que no presentaron actas constitutivas de empresas contratadas para obra pública.
Además de que, en un contrato de mejoramiento de infraestructura vial, no se encontró la propuesta técnica y económica de la empresa que realizó la obra.