El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) declaró que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue equitativo en la contienda electoral federal.
La Sala Superior del tribunal federal, máxima autoridad electoral, estudió los juicios SUP-REP-227, 240, 241 y 242/2024. Ya que los interpuso el gobernador y tres funcionarios del área de Comunicación Social.
Lo anterior, contra una resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que los funcionarios violaron varios principios como la imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral. Dicha sala, determinó que hubo uso indebido de recursos públicos.
A los funcionarios los acusaron porque hicieron varias publicaciones en las redes sociales del gobernador y un boletín de prensa del mismo gobierno estatal. Las publicaciones estaban relacionadas con el proceso interno de Morena para elegir la candidatura presidencial.
En las publicaciones y el boletín, además, había mensajes de apoyo a la contendiente Claudia Sheinbaum Pardo. En dichas publicaciones se señaló la participación del mandatario en una reunión con otros aspirantes estatales morenistas.
Incluso, en noviembre de 2023 el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al mandatario retirar las publicaciones como parte de una medida cautelar solicitada por el PAN.
Los funcionarios argumentaron que la Sala Especializada no realizó una debida acreditación de las infracciones que realizaron.
Señalaron que el análisis de la autoridad electoral no fue exhaustiva y fue ilegal la inscripción en el catálogo de sujetos sancionados que ordenó. También rechazaron que la Sala debiera dar vista a las autoridades competentes para que impusiera sanciones.
El magistrado a cargo del proyecto de sentencia fue Reyes Rodríguez Mondragón. En él propuso calificar como infundados e ineficaces los agravios planteados.
Ya que el magistrado consideró que la Sala Especializada sí actuó conforme a derecho y analizó a cabalidad los hechos y pruebas.
Sin embargo, el proyecto lo rechazaron con tres votos en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. También difirió del proyecto presentado la propia presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso.