El Pacto Social de Integración (PSI) se ha convertido en los últimos años en el partido amigo de delincuentes vinculados con el huachicol en Puebla. Al menos cuatro de sus exediles se han enfrentado a la ley.
En este proceso electoral del 2 de junio su actuar será el mismo. Este 12 de marzo presumieron que impulsaban a la hija del presunto huachicolero “El Toñín”, Guadalupe Martínez como candidata a la alcaldía por Quecholac.
El hermano de “El Toñín”, Alejandro Martínez, ya fue alcalde, ganó la reelección y acabó preso.
Bajo el argumento de que no es juez ni Fiscalía para investigar, al dirigente estatal del partido, Carlos Navarro Corro, poco o nada le han importado los vínculos criminales de sus candidatos a las presidencias municipales.
Curiosamente, estos perfiles compiten en los municipios que comprenden el Triángulo Rojo de Puebla, zona conocida por el alto índice delictivo derivado de la extracción ilegal de combustible. Y ganan.
Aunque sus ediles han terminado en la cárcel, para el periodo electoral de este 2024, el PSI ya perfila como candidato a dos personas que podrían estar vinculadas con estas actividades ilícitas.
Carlos Navarro Corro dijo que no le importan sus nexos, sino que cumplan con el perfil ciudadano y como aspirante, por lo que las candidaturas se mantienen firmes.
Y es que otro caso es el del exalcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, a quien detuvieron por obstruir precisamente la captura de “El Toñín”. Pese a todos sus antecedentes será postulado, nuevamente, para el municipio que ya gobernó.
PSI y su historial en la postulación de alcaldes ligados al huachicol en Puebla
Alejandro Martínez Fuentes
El partido postuló para la alcaldía de Quecholac a Alejandro Martínez Fuentes, hermano del presunto líder huachicolero conocido como “El Toñín” y ganó.
En 2021 fue reelegido, pero al poco tiempo la Fiscalía de Puebla lo aprehendió por una investigación en su contra por presuntos hechos delictivos durante sus funciones como servidor público. Estuvo preso en el penal de Tepexi de Rodríguez y tras la muerte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, en 2023, obtuvo su libertad. Tramitó y le concedieron un amparo que tiró el auto de vinculación a proceso dictado en su contra.
Pablo Pérez Maceda
Pablo Pérez Maceda fue alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez, en la misma zona de El Triángulo Rojo. Durante su administración, las patrullas de la Policía Municipal eran utilizadas para resguardar mercancía de su empresa.
Al mismo tiempo trascendió que lo investigaban por tener nexos con el huachicol y hubo una ola de inseguridad en su municipio, lo que generó algunos casos de linchamiento.
Finalmente, en 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su destitución, pues incumplió con una sentencia de amparo. Lo anterior, para pagar más de 900 mil pesos por un predio. Aún así, en 2021, respaldado otra vez por el PSI, buscó la diputación local del distrito de Tehuacán.
Pablo Morales Ugalde
En 2017, al exalcalde del municipio de Palmar de Bravo lo detuvieron por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. La detención estuvo a cargo de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR).
Era dueño de gasolineras en la zona que presuntamente eran abastecidas con combustible robado. El edil no comprobó el origen de 20 millones de pesos que pudieron tener relación con el huachicol. Tras un año y cuatro meses en la cárcel, en 2018 lo liberaron gracias a un amparo.
Inés Saturnino
Al exalcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López, lo detuvieron en 2022 por desobediencia y resistencia de particulares y amenazas. En 2021 impidió que la Policía Estatal detuviera y pusiera a disposición de la FGE a “El Toñín”.
El exedil habría acordado una reunión con el capo del huachicol y le advirtió que no se presentara.
Además, a Inés Saturnino los eñalaron por cometer violencia política de género contra la entonces regidora Ruth Zárate Domínguez. Pese a ello, para este 2024, el PSI y sus aliados — PAN, PRI y PRD— buscan postularlo.
