El paquete de reformas constitucionales es preocupante pues atenta contra los derechos humanos, de acuerdo con un análisis presentado por la Ibero Puebla. 

Académicos y académicas de la universidad realizaron estudios técnicos sobre cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El rector Mario Ernesto Patrón Sánchez explicó que se trata de las reformas al Poder Judicial y a la Guardia Nacional. Así como a los órganos constitucionales autónomos y de prisión preventiva oficiosa que actualmente se están discutiendo en la Cámara de Diputados. 

Tres de las cuatro propuestas ya fueron dictaminadas en comisiones, mientras que este lunes se iniciará la discusión de la reforma al Poder Judicial.  

Sin embargo, señaló que las propuestas del Ejecutivo han generado gran preocupación entre las instituciones que se ven directamente afectadas. 

Las propuestas establecen perspectivas sumamente preocupantes en términos de calidad democrática”. 

Patrón Sánchez aseguró que, ante la poca claridad y ejecución de las reformas, se debe promover el diálogo y el debate público. 

Aclaró que el posicionamiento de la Ibero Puebla no es una perspectiva política o politizada del tema, sino el acervo de pensamiento académico y técnico del cuerpo docente.  

Mientras tanto, el análisis ya se entregó a las y los integrantes de la junta de gobierno de la Cámara chica. También, a las y los diputados federales y senadores electos que representarán a Puebla en la próxima legislatura.  

Asimismo, hicieron una invitación abierta a todos los involucrados para acudir para dialogar y mostrarles sus apreciaciones técnicas. 

Este es el análisis de las reformas constitucionales hecho por la Ibero Puebla  

El doctor Rafael Rodríguez, académico de la Ibero Puebla, señaló que, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se elimina la carrera de jueces y magistrados.  

Una de las polémicas de esta iniciativa es la elección de juzgadores mediante el voto popular y la implementación de un modelo judicial inquisitivo. Situación que pone en riesgo el funcionamiento de esta institución.  

El especialista propone que se prevea la elección de autoridades jurisdiccionales por etapas para elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. 

Asimismo, la imposición de plazos para las resoluciones puede ser una medida inconveniente pues no atiende la insuficiencia de personal en los tribunales. 

Sobre la reforma a la Guardia Nacional que pretende modificar 12 artículos de la Constitución, se busca la adscripción de la institución a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

El problema es que también se amplían sus facultades en tareas de seguridad pública y la investigación de delitos. Incluso de participar en asuntos de seguridad nacional. 

De acuerdo con la doctora Rosario Ardambide, esto se contrapone a la supuesta formación policial de la Guardia Nacional. 

De igual manera, se amplía la participación de la Fuerza Armada Permanente en funciones distintas a la seguridad nacional que les permite ser parte de tareas contempladas en leyes secundarias de la Constitución. 

La reforma es regresiva y también incumple con las determinaciones a derechos humanos en México”, aseveró. 

Las iniciativas preocupan no sólo por lo anterior, sino por el propio trasfondo de las instituciones involucradas. 

Expuso que de 2020 a octubre de 2023, la Guardia Nacional ha presentado un mayor número de quejas por violación a derechos humanos que la Sedena, alcanzando más de 500.  

Finalmente, aseguró que tiene que existir un retiro paulatino de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. Pues Felipe de prevenir la delincuencia o hacer frente a la violencia, ha habido un agravamiento.  

Con respecto a las modificaciones del artículo 19 para ampliar los delitos de prisión preventiva oficiosa, Simón Hernández indicó que la reforma es regresiva “innecesaria, regresiva y tiene implicaciones de responsabilidad internacional para el Estado mexicano”. 

Dijo que la propuesta da pie al encarcelamiento de personas a quienes no se les ha dictado una sentencia.  

Si esta reforma es aprobada, se abonará a un escenario de inconstitucionalidad e impunidad en el país.   

En la actualidad, el 44% de las personas en prisión no tienen una sentencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a eliminar la prisión preventiva. 

Por lo tanto, el gobierno nacional estaría incurriendo en desacato”, dijo Simón Hernández. 

Con respecto a la desaparición de organismos autónomos, la maestra Shanik David enfatizó que existen tres instituciones que juegan un papel importante en materia de protección de derechos humanos. 

Estos son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Nacional para la Mejor Continua de la Educación (Mejoredu). 

Señaló que estos y otros organismos son perfectibles, sin embargo, no por el hecho de tener deficiencias, deben desaparecer. 

En ese sentido, se proponen mejoras a estos organismos, para que así se puedan seguir protegiendo los derechos humanos de las y los mexicanos. 

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Carmen González

Carmen González

Licenciada en Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Reportera desde 2018 de la fuente de cultura, turismo, activismo, temas sociales y de revista.