Tres agentes ministeriales en Puebla ocuparon “servicio social”, es decir “ayudantes”, sin que estas personas estuvieran adscritas oficialmente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Así lo revela la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que se establecen seis procedimientos sancionadores. Los casos contra los ministeriales sucedieron en Puebla, Acajete y Acatzingo de Hidalgo.
En todos, se trató de agentes que tuvieron a su cargo a personas para hacer su servicio social, pese a que no estaban autorizadas.
Un ministerial de Puebla usó dos ayudantes en la Unidad de Investigación de San Pablo Xochimehuacan
El 16 de enero de 2023, se concluyó el procedimiento de Lino Leobardo Hernández Ramírez. A él, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla determinó sancionarlo por su responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones con auxilio de personas no autorizadas.
El 27 de noviembre de 2020, se inició el expediente en contra de Hernández Ramírez, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana.
Se constató que, el 20 de octubre de 2020, dicho agente, que tenía 49 años, estaba en la Unidad de Investigación de San Pablo Xochimehuacan. Ahí, dos personas lo apoyaban en sus actividades, pese a no ser personal de la FGE.
Ese día, persona del Órgano Interno de Control visitó la unidad de investigación, donde encontró en uno de los cubículos a un hombre. Éste estaba escribiendo en una laptop y le pidieron su nombre y cargo. Sin embargo, no era personal de la Fiscalía, así como dijo que apoyaba a Hernández Ramírez para tener al corriente los libros físicos y llevar un control de la correspondencia que llegue, para agregarla a las carpetas respectivas. Esto, en un horario de 9 a 16 horas.
Luego, llegó una mujer que se identificó con una credencial escolar de la Universidad Alva Edison. Ella dijo que estaba realizando su servicio social con el agente, con quien habló directamente por contacto de la presidencia auxiliar de San Pablo Xochimehuacan. No obstante, no se le asignó oficialmente como pasante.
Hernández Ramírez temía un año y cinco meses laborando cuando ocurrió el hecho, percibiendo un sueldo de 30 mil pesos mensuales.
Como el agente no había caído en otra infracción, se concluyó que sólo se le impusiera una amonestación pública, es decir, un llamado de atención.
El ministerial Francisco usó ayudantes para agregar y costurar correspondencia
En la misma fecha, se determinó que Francisco Pacheco Gómez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, incurrió en la misma falta.
El 24 de noviembre de 2020, personal de la Fiscalía acudió a la Unidad de Investigación de Acajete. Ahí, encontró en un escritorio a un hombre que no era personal de organismo. Sin embargo, dijo que ayudaba a Pacheco Gómez en agregar y costurar correspondencia a las carpetas de investigación. Dijo que acudía tres días a la semana, en un horario de 9 a 17 horas.
Al respecto, al agente argumentó que el ayuntamiento de Acajete se lo asignó para apoyarlo por la carga grande de trabajo. Dijo que desconocía si tenía alguna remuneración económica o lo hacía como parte de algún servicio social.
El Órgano Interno de Control consideró que Pacheco Gómez debió de abstenerse de delegar a terceros no autorizados funciones que le competían a personal de la institución.
No se acreditó que el hombre estuviera activo en la plantilla de la FGE ni que fuera prestador de servicio social o prácticas profesionales. De hecho, se informó que estaba suspendido del servicio social por la contingencia sanitaria de Covid-19.
Al momento en que sucedió la falta, el agente tenía 45 años y tenía dos años diez meses en la Fiscalía, con un sueldo de 30 mil 58 pesos mensuales. Como no había antecedentes de daños patrimoniales ni con quejas en su contra, también se le impuso sólo una amonestación pública.
Iris Luna usó “servicio social” sin autorización
El tercer caso resuelto en la misma fecha es el de Iris Luna Calatayud, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía Metropolitana.
El 9 de diciembre de 2020, en la Unidad de Investigación de Acatzingo de Hidalgo, personal de la FGE visitó las oficinas, pero Luna Calatayud no se encontraba. A las 10:30 de la mañana llegó, argumentando que estaba en la presidencia municipal de Acatzingo a buscar un tóner. No obstante, dicha situación no se pudo corroborar.
15 minutos después, apareció un hombre que se sentó junto a una computadora de escritorio y a quien se le preguntó su nombre, cargo y adscripción.
Dio su nombre y dijo ser prestador de servicio social de Luna Calatayud, a quien apoya en coser carpetas de investigación, atender a gente y realizaba actas extemporáneas. Todo esto, de 11 a 15:00 horas con un apoyo económico ocasional
La agente presentó una copia de la Universidad Hispana donde se presentó al joven alumnos de décimo cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho para realizar al servicio social.
Sin embargo, el 21 de julio de 2021, el Oficial Mayor de la FGE informó que el joven no era personal activo ni prestador de servicio social. Esto, sobre todo porque esa actividad se suspendió por la contingencia de Covid-19. Si bien existía la petición de la universidad, el titular del Departamento de Incidencias de la Subdirección de Servicios Profesionales no la autorizó.
Al momento del hecho, la agente tenía 45 años, con un salario de 38 mil 58 pesos mensuales. No tenía reconocimiento y se encontró que ya se le había levantado una amonestación pública en sus 22 años y cuatro meses de servicio en la institución. En el cargo de agente del Ministerio Público llevaba dos años, por lo que se consideró que ya tenía la experiencia suficiente como para percatarse de lo que hizo. Por ello, la suspendieron diez días sin goce de sueldo.
Otros tres procesos contra ministeriales
El 19 de agosto de 2022, se concluyó el procedimiento administrativo contra Martha Margarita Astorga Flores. A la agente del Ministerio Público Orientador en el Cuartel Metropolitano C5 de la FGE se le acusó de malos tratos el 18 de agosto de 2018.
En esa fecha, dos personas acudieron a presentar una denuncia por el delito de robo a casa habitación y los atendió Astorga Flores. Se acreditó que ella no dio un trato respetuoso, por lo que le levantaron una amonestación privada.
El 31 de agosto de 2022, terminó el procedimiento contra Judith Meneses Vargas, de 55 años y auxiliar de Ministerio Público en la Unidad de Coordinación de Módulos Express.
Ella, argumentando que tenía indicios de covid-19, pidió ausentarse, por lo que le pidieron que se presentara los martes y viernes para recibir indicaciones. No obstante, Meneses Vargas no acudió y se ausentó a partir del 4 de octubre de 2021 y hasta el 10 de enero de 2022, es decir, 66 días. Nunca se presentó como le indicaron para que le dieran su carga de trabajo.
Aunque Meneses Vargas no realizó daños patrimoniales, “causó un menoscabo en sus acciones”. Ganaba 15 mil 600 pesos mensuales y tenía tres años y tres meses cuando se ausentó.
Por abandonar sus funciones, la mujer fue removida del cargo.
Ese mismo 31 de agosto del año pasado, se concluyó el procedimiento contra María del Carmen Delgado Bravo, agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación Metropolitana.
La razón fue que pasó un año sin que avanzara la investigación a su cargo por la privación ilegal de una mujer que murió.
No actuó siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, así como no practicó las actuaciones, mucho menos emitió las determinaciones que resultaran necesarias para la debida integración y conclusión de la investigación en un plazo razonable”.
Por ello, le impusieron una amonestación privada.
