En el “Índice de Estado de Derecho en México 2023” de Word Justice Project, Puebla figuró en el lugar 27 como uno de los peor evaluados. Sus resultados más bajos los obtuvo en los rubros de justicia penal y derechos fundamentales. En ambos, ocupó el lugar 31, es decir, el penúltimo a nivel nacional.
Los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Este concepto es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley. Éste se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos.
El Estado de Derecho se basa en cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y acceso a la justicia.
Word Justice Project ubicó a Puebla en el lugar 31 en impartición de justicia penal
En el “Índice de Estado de Derecho en México 2023” a nivel global la entidad poblana ocupó el lugar 27 con un puntaje de 0.38.
Este ranking evalúa ocho rubros. De esos, los peores resultados para Puebla los registró en derechos fundamentales con un puntaje de 0.40 y en impartición de justicia penal con puntaje de 0.29, en ambos rubros figuró en el lugar 31.
En el rubro de límites al poder gubernamental, Puebla ocupó el puesto 30 con 0.36 puntos y en ausencia de corrupción, en el sitio 19 con 0.34 puntos.
En orden y seguridad, estuvo en el puesto 20 con puntaje de 0.37, mientras que en justicia civil se quedó en la casilla 23 con 0.34 puntos.
Sus mejores resultados los tuvo en cumplimiento regulatorio con 0.41 puntos. Esto lo ubicó en el lugar 8 nacional, mientras que en gobierno abierto logró su mayor puntaje con 0.51 y se quedó en el décimo puesto.
En justicia penal los peor evaluados fueron:
- Ciudad de México 0.29 puntos
- Puebla 0.29 puntos
- Veracruz 0.29 puntos
- Morelos 0.30 puntos
- Quintana Roo 0.30 puntos
WJP señaló que ningún estado llega a una calificación perfecta. De hecho, la puntuación más alta a nivel general en el índice es de 0.49, en Querétaro. Por ello, concluyó que todos los estados tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho.
