Cinco visitadores de Comercio Exterior plenamente identificados tienen una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por robar más de 1 millón de pesos en mercancía. La víctima es Jorge Ricardo Gazca Rojas, dueño de un outlet de ropa que se ubica en la colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla.
En entrevista con Ambas Manos, Gazca Rojas acusó que los visitadores entraron a su bodega denominada “Road Show Bodega” con un documento dirigido a otra persona. Tras una serie de irregularidades, le realizaron dos embargos precautorios. La primera vez se llevaron 390 mil pesos en mercancía y la segunda más de 675 mil. Además, fue objeto de burlas con comentarios como “acá pura pinche fayuca” y extorsión.
Jorge Ricardo Gazca Rojas tiene 47 años de edad y durante más de 27 años trabajó como gerente comercial de marcas como Levi’s, Champion y Aeropostale, por mencionar algunas. Hace siete decidió poner su propio negocio con la razón social Bodegas Ropa Outlet Bro S.A.S DE C.V. Por obvias razones, el 60% de sus productos es de importación.
Hace dos años recibió la primera visita de la Dirección de Comercio Exterior que depende de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF) del gobierno estatal, a cargo de María Teresa Castro Corro. Los visitadores se percataron de que tenía cámaras de videovigilancia y le pidieron apagarlas.
El objetivo era confirmar la procedencia de sus productos. Comenzaron a revisar la mercancía y prácticamente separaron todas las prendas que decían “Made in”. Le pidieron facturas y las presentó, pero como supuestamente no venían detalladas por modelo y talla, no aceptaron ninguna.
¿Cómo es posible que Comercio Exterior te invalide facturas del SAT de grandes marcas, que se manejan a nivel internacional?, cuestionó. Al final, le hicieron un embargo precautorio y se llevaron 390 mil pesos en mercancía.
En diciembre de 2022, le realizan otro embargo precautorio con documento erróneo
Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando recibió la segunda visita. Esta vez llegaron 10 visitadores, pero sólo cinco se identificaron.
El oficio SPF-SI-CGENyASF-DCE-3970/2022 que presentó José Antonio Jarillo Jardines, quien iba al frente del grupo y que firmó Aldo Robles Cuassor, estaba dirigido a otra persona.
Gazca Rojas les hizo saber que los datos estaban mal, pues hablaban de una persona física, no moral. Al darse cuenta de esto, le solicitaron su RFC y tres de los visitadores salieron con el documento en mano. Minutos después llegaron para ejecutar la revisión: sólo imprimieron de nuevo la carátula, ya con los datos correctos.
Fue así como las 10 personas ingresaron a la planta baja y alta de su bodega, inspeccionaron la mercancía y le pidieron que cooperara. Le advirtieron que, si entregaba entre 50 y 80 mil pesos, no se llevarían toda su mercancía. Esta vez, todo quedó grabado en video.
Los visitadores nunca revisaron las prendas como ocurrió la primera vez. Pasaron directamente a introducirlas en cajas; ni a él ni a su personal le permitieron acercarse para revisar qué se estaban llevando.
Otro visitador de nombre Oscar Alberto Pérez Díaz le pidió facturas, pero no de todos los productos. A su conveniencia, sólo le aceptó las de unas camisas que ya habían empacado, no así las de las chamarras y playeras. Esto a pesar de que se trataba de facturas con las mismas características. Este embargo precautorio fue por más de 675 mil pesos.
Al terminar, bajo engaños lo obligaron a firmar un documento. El empresario poblano no quería hacerlo pues no estaba de acuerdo con las arbitrariedades, pero le dijeron que podría recibir una sanción económica de inmediato. Además, “pierdes el derecho de presentar las facturas para tu mercancía y te digo que pierdes todo”, le advirtieron.
Las cajas las subieron a una camioneta blanca y según ellos la diligencia terminó a las 18:00 horas, pero sus cámaras de videovigilancia demuestran que arribaron al mediodía y se fueron hasta las 20:30 horas.
Denuncia a visitadores de Comercio Exterior
Del primer embargo, la Secretaría de Planeación y Finanzas le reconoció sólo una parte de la mercancía incautada. Repitió, esto a pesar de que son las mismas facturas. Como premio de consolación le otorgaron un crédito fiscal, pero como impugnó esta resolución, ya no tiene derecho al crédito.
Ya perdió poco más de 1 millón 137 mil pesos entre los embargos, trámites, gasolina y abogados. Para Jorge Ricardo Gazca Rojas es una situación muy desesperante, pues cuenta con todas las facturas, acta constitutiva y su constancia de situación fiscal. Ya demostró que fue víctima de una arbitrariedad y pese a esto, ninguna instancia resuelve a su favor.
Presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), pero el organismo nada pudo hacer porque Comercio Exterior contestó que él firmó el documento que avala la diligencia.
También envió escritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y su último recurso fue presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. A más de medio año, tampoco hay respuesta.
