Una jueza federal otorgó una suspensión provisional para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado proponga al Pleno un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Lo anterior a través del amparo 803/2023 a cargo de Celia Quintero Rico, jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa.
Es necesario nombrar a un nuevo comisionado del INAI porque el 1 de abril dejó el cargo Francisco Acuña. Lo que generó que el Consejo General del instituto no pueda sesionar por falta de quórum.
La jueza ordenó al Senado de la República cumplir la orden anterior para nombrar a los otros dos comisionados del INAI que hacen falta.
Ambas órdenes se otorgaron por medio de dos amparos que promovió Francisco Ciscomani, miembro del Consejo Consultivo del INAI.
Estableció que en caso de no cumplir con esta última orden, la Cámara Alta deberá pagar una multa que va desde los 5 mil 187 pesos hasta los 103 mil 740 pesos.
El Senado de la República debió nombrar a dichos comisionados antes de que culminara el Periodo Ordinario de Sesiones, el pasado 30 de abril.
El instituto además recibió criticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que “no sirve para nada”.
Jueza ordena designar a comisionados del INAI, instituto que intentó eliminar Armenta
Mientras una juez ordenó la pronta designación de comisionados del INAI, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, propuso una reforma para desaparecer al instituto.
Se trata de una reforma para abrogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la presentaron el pasado 27 de abril.
Este lunes, en rueda de prensa desde Puebla defendió dicha propuesta que retiró para continuar con su estudio, después de que lo criticó la oposición y la ciudadanía.
Dijo que su iniciativa sólo busca que el INAI sea parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pese a que ello implicaría la desaparición del instituto.
Entre las bondades de su reforma, dijo que estaría el ahorro de recursos. Además consideró que es viable porque la ASF es la encargada de la fiscalización de los entes obligados.
