En la Comisión Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla, aprobaron la iniciativa para castigar hasta con nueve años de prisión el robo de bicicletas eléctricas.
El dictamen de la iniciativa presentada por la diputada del PAN, Guadalupe Leal, fue aprobado y se espera que el Pleno del Congreso lo apruebe el próximo jueves.
Inicialmente, la diputada propuso al Congreso de Puebla castigar hasta con seis años de cárcel el robo de bicicletas, patines o cualquier vehículo no motorizado.
Propuso agregar un párrafo al artículo 374 del Código Penal estatal, para crear el tipo especial de robo de vehículo no motorizado.
El castigo sería de dos a seis años de prisión y la multa de 150 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Dicha sanción hasta este 2023 equivale de 15 mil 561 a 41 mil 496.
Actualmente se castiga el robo de bicicletas con solo tres años de prisión y la multa económica se impone de acuerdo al costo del vehículo.
Estas fueron las modificaciones para que en Puebla impongan hasta nueve años de prisión por el robo bicicletas eléctricas
La Comisión Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla dictaminó la iniciativa de la diputada Guadalupe Leal con dos cambios.
Agregaron dos agravantes por el delito de robo, a fin de que aumente la pena hasta en una mitad, es decir, nueve años, en los siguientes casos:
Cuando se trate de un vehículo no motorizado o motorizado que no alcance velocidades mayores a 25 kilómetros por hora, es decir scooters.
Mismo que sea utilizado para el desplazamiento de una persona que por sus condiciones de salud o físicas le sea indispensable para movilizarse.
También se agregó una agravante para cuando se trate de vehículos motorizados y no motorizados, sobre todo si tienen motor de baja potencia.
Cuando se trate de un vehículo de baja potencia “no susceptible de alcanzar velocidades mayores a 25 kilómetros por hora.
Así como si la víctima utiliza como medio de transporte o como herramienta de trabajo, como sucede con las bicicletas eléctricas.
Tras aprobarse esta iniciativa en el Pleno del Congreso, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
