El gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso al Congreso de Puebla castigar hasta con seis años de cárcel a ediles y autoridades municipales que contraten a policías no certificados.
El castigo no es solo para las autoridades que los contraten, sino también para la persona que, a sabiendas que no cumple con el Certificado Único Policial, acepte el empleo. Quien cometa este delito será castigado con prisión de tres meses a 7 años.
Actualmente la Ley de Seguridad Pública, señala que las instituciones policiales son la policía ministerial, cuerpos de seguridad pública estatal y municipal.
En dicho ordenamiento dicta que quienes aspiren a ingresar a dichas instituciones policiales deberán contar con el Certificado Único Policial y el registro correspondiente.
Ninguna persona puede ingresar o permanecer en las instituciones citadas sin que cuente con el certificado y registro vigentes.
No obstante, en Puebla se dieron casos de ejecuciones que dejaron en evidencia la colusión de las fuerzas de Seguridad Pública con el crimen organizado.
Por ello, el gobernador propuso tipificar en el Código Penal la conducta de contratar a personal sin el certificado y el registro.
La propuesta busca adicionar una fracción al artículo 419 en el Código Penal relativo al abuso de autoridad o incumplimiento del deber legal.
Con ello se tipificaría como el delito de “abuso de autoridad o incumplimiento del deber”, a quien contrate, proponga, designe o nombre al personal de instituciones policiales que no tengan el certificado único policial y registro vigente.
Este delito, según el artículo 420 del Código, se castiga con prisión de seis meses a seis años.
De seis meses a 6 años de cárcel, la pena por contratar a policías no certificados en Puebla
A quien contrate a policías sin los certificados debidos irán a la cárcel de tres meses a seis años. Pues se tipificará como el delito de “abuso de autoridad o incumplimiento del deber”.
Además, Barbosa propuso agregar un párrafo al artículo 209 de la Ley Orgánica Municipal. El fin es que los elementos de seguridad pública municipal cuenten con la certificación y registro pertinente.
La iniciativa se turnó a la comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación.
En caso de aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Posteriormente, la SSP y los presidentes municipales, en un plazo no mayor a 90 días naturales, deberán realizar un diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
En el caso de las personas que acepten este tipo de cargas, sin ser aptas para ello, se les impondrá de 3 meses a 7 años en prisión.
“Se impondrá prisión de tres meses a siente años y multa de una a diez veces el calor diario de una UMA en el momento de la comisión del delito, a la persona que acepte el empleo, cargo o comisión en alguna de las Instituciones Policiales sin contar con Certificado Único Policial o registro vigente”, señala el artículo 418.
Con reforma se combatirá corrupción
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Roberto Salín Valles, indicó que la iniciativa abonará al combate de la corrupción.
En entrevista, compartió que esta propuesta servirá para que las secretarías de seguridad no vean la seguridad pública como un sistema de vacantes para “desahogar compromisos de campaña”.
Aseguró que también fomentará la profesionalización de los cuerpos de policías y el personal de seguridad y capacitación.
