No más asesinatos de defensores del territorio y el ambiente
El Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tzotzil, sacerdote y párroco de la iglesia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue asesinado este 20 de octubre, después de oficiar misa. El Padre Pbro. Marcelo, era un defensor de los derechos humanos, del territorio y de la vida, así como mediador ante conflictos entre y dentro de comunidades. Era un constructor de Paz.
Por décadas acompañó a las comunidades de los Altos de Chiapas en la defensa de sus derechos como pueblos indígenas, realizó peregrinaciones por la reconciliación, denunció el incremento de la violencia y las terribles condiciones que estaban generando el desplazamiento de comunidades. Se pronunció contra el crimen organizado, exigió el esclarecimiento del asesinato de otros defensores del territorio (líder del grupo las Abejas de Acteal) y fue fundador del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) que reivindica los derechos colectivos de comunidades tsotsiles, tzeltales y zoques y la defensa de los bienes comunes.
Por su actividad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó al Estado mexicano implementar medidas cautelares para su protección. Pese a lo anterior y de manera paradójica, su caminar con los pueblos le ocasionó ser difamado, agredido y tener una orden de aprehensión en su contra vigente aún al momento de su asesinato.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, en el 2023, se registraron 123 eventos de agresión contra defensores ambientales en el país, lo que sería su segundo año con más incidentes de violencia en una década, con un total de 282 agresiones, de las cuales 20 fueron ejecuciones de aquellos que velan por la protección del patrimonio natural y la defensa del territorio.
De entre las víctimas, las comunidades indígenas fueron particularmente afectadas, representando el 57.7% de los casos de agresión, lo que destaca la vulnerabilidad de quienes cuidan y habitan los territorios amenazados por proyectos. En particular para el estado de Chiapas, la vulnerabilidad estructural se mostraba agravada por la creciente espiral de violencia, de manera que junto con Jalisco, Oaxaca, Cdmx y Yucatán, encabezaba la lista de los lugares más peligrosos en términos de agresiones.
La diócesis de San Cristóbal de las Casas, la Compañía de Jesús, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), entre otros, denuncian enérgicamente el asesinato del Padre Marcelo, e instan a las autoridades a investigar los hechos e impartir justicia pronta, exhaustiva y eficaz.
Este hecho, pone en primera instancia los avances en el derecho internacional, sobre la obligación de los Estados por respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de las personas defensoras de derechos humanos medioambientales, así como de las comunidades que éstas representan, como lo indica el Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por nuestro país.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez, evidencia que el compromiso tomado por el Estado mexicano no se ha implementado. No existen condiciones para la defensa ambiental del territorio en un entorno propicio y seguro, garantizando la participación plena de las comunidades y de quienes defienden el medio ambiente. Mucho menos en contextos permeados por la violencia, con presencia de la delincuencia organizada. En este contexto es urgente considerar en el escenario de intensa conflictividad socioambiental en el país, registrado en la cuarta posición mundial en el informe de Global Witness (2024) sobre la violencia contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, la relevancia de mantenernos atentos sobre las oposiciones y procesos de defensa del territorio, pero también de la acción de las instituciones para la protección ambiental.
En ese sentido, se hace un llamado a las tres esferas de gobierno a realizar, en consulta con las partes involucradas, un plan estratégico de prevención y respuesta para defensoras y defensores del territorio, el medioambiente y la vida.
