La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Puebla pagarle una indemnización millonaria a “Melgarejo Construcción y Concesiones” por una obra nunca terminada del 2009.
La ministra Lenia Batres compartió en sus redes sociales el fallo que hicieron esta semana en la Segunda Sala del máximo tribunal del país, en favor de una empresa particular.
Esto deriva de un juicio que promovió la compañía “Melgarejo Construcción y Concesiones” en 2012 tras perder la concesión de la obra del Libramiento Poniente en Puebla.
Por ello, el Gobierno Estatal deberá pagar más de 640 millones de pesos a la compañía tras la modificación al titulo firmado durante la gestión de Mario Marín Torres.
El dictamen se liberó el 14 de junio, por lo que en los siguientes días se hará la notificación correspondiente al Ejecutivo de Puebla para que realicen las acciones correspondientes.
¿Por qué debe pagar el Gobierno de Puebla indemnización a una constructora?
El fallo de la SCJN detalla que, en 2009, la constructora señalada ganó la adjudicación para la obra del Libramiento Poniente, que conectaría a Atlixco con San Martín Texmelucan.
La autoridad estatal pagaría 640 millones de pesos a la empresa por la obra; además de que le otorgaron el titulo de concesión para operar la misma durante 30 años.
No obstante, en 2012, bajo la administración de Rafael Moreno Valle, les retiró la concesión por la falta de avance en las obras.
En aquel momento la Secretaría de Infraestructura estaba a cargo de José Antonio Gali y la concesión del libramiento se le entregó a la empresa Pinfra; actual operadora del segundo piso de la Autopista México-Puebla.
En consecuencia, la empresa anterior promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa para obtener una indemnización, además del cumplimiento de las obligaciones del título de concesión.
Dicha autoridad le dio la razón al demandante ante la falta de respuesta por parte del gobierno en turno; aunque este promovió un amparo que después fue sobreseído.
El asunto llegó a la SCJN y fue hasta este miércoles que finalmente desecharon el amparo promovido por el Gobierno de Puebla dejando firme la sentencia inicial.
Ahora, el gobierno de Sergio Salomón Céspedes tendrá que cumplir con el dictamen del máximo tribunal del país y pagarle los 640 millones de pesos a la empresa; más el rendimiento convenido en el titulo de concesión.
