El Congreso de Puebla aprobó modificar la Ley de Adquisiciones de Puebla para que sean transparentes todas las licitaciones públicas en el estado y sus municipios.
En sesión pública ordinaria, fue aprobada la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal con 40 votos a favor.
La reforma tiene por objetivo incorporar el principio de transparencia a dicha ley y fue propuesta por la diputada morenista Azucena Rosas Tapia.
Fue el pasado 14 de septiembre cuando la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobó la reforma.
La iniciativa fue propuesta a causa de que en el artículo 22 de la legislación, aún no estaba contemplado el principio de la transparencia, pese a ser de rango Constitucional.
Por ello, en la ley estatal dicho principio estará acompañado en las etapas de gestión, destino, ejercicio y comprobación de los recursos públicos.
Con su aprobación, la transparencia deberá ser una obligación para “La selección de cualquier procedimiento de excepción a la licitación pública que realicen las adjudicantes”.
Con ello, los entes públicos deberán constar en un dictamen por escrito y firmado por el Titular de la Unidad Administrativa de la Dependencia o Entidad solicitante responsable de la adjudicación.
En tal documento se expresarán los supuestos que motivan el ejercicio de dicha opción, así como deberán mostrar un análisis de las propuestas y mostrar las razones para la adjudicación del contrato.
En la sesión del Pleno del Congreso, Rosas Tapia indicó que la ley actual es omisa para hacer transparentes los procesos administrativos, por lo que la aprobación significa que será un requisito la transparencia.
Añadió que las contrataciones, por ejemplo, implican el ejercicio de recursos públicos, por lo que deben ser administrados y atendidos a determinados principios que garanticen su eficiencia.
La transparencia es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas de la gestión financiera con el firme propósito de que su utilización se lleva a cabo bajo la más estricta vigilancia y nitidez”.
Señaló que los beneficios serán establecer mejores condiciones para una buena administración y función pública, lo que es “el ADN” del sistema Nacional anticorrupción previsto en los artículos 109, 113 y 134 de la Constitución.
Además conseguirá mejores estándares de actuación ética en el uso de los recursos de todos y todas las ciudadanas de Puebla.
