El Congreso de Puebla podría rescindir el contrato con la empresa de seguridad privada Autoritas y solicitaría a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) encargarse de la vigilancia de sus edificios.
Esto, luego de que un guardia ingresó a varias áreas del edificio alterno del Legislativo llamado Mesón de Cristo y destrozó algunas zonas para buscar un documento inexistente.
Por ello, este 2 de mayo el presidente del Congreso, Edgar Garmendia de los Santos, explicó que después de reunirse con la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) decidirán si continúan trabajando con la empresa.
Dicha junta está integrada por los coordinadores de bancada de los distintos partidos políticos, así como por las representaciones partidistas.
Será la JUGOCOPO quien decida si continúan con dicha relación laboral. En caso de que no sea así, serán policías estatales quienes se encarguen de la seguridad. El presidente aseguró que también llevará a cabo una reunión con el secretario de Seguridad Pública estatal, Iván Cruz Luna.
Vamos a tener pláticas con el secretario de Seguridad Pública para que podamos llegar a un acuerdo y seguridad pública pueda estar apoyando en lo que pueda, en lo que se toma la determinación de qué va a suceder con la empresa”.
¿Por qué la SSP se podría hacer cargo de la seguridad del Congreso?
Durante la madrugada del pasado 29 de abril, un guardia de seguridad de Autoritas rompió cristales y puertas. Así, pudo ingresar a todas las zonas del edificio Mesón de Cristo ubicado en la calle 8 oriente 216, en el Centro Histórico de Puebla.
Lo habría hecho tras una llamada falsa de su supuesto jefe inmediato, quien le dijo que buscara un documento con folio XH00N4000, mismo que no existe, según declaró el presidente del Congreso.
Además, Garmendia dijo que los diputados que tienen su oficina en dicho edificio descartaron que hayan sustraído algunas de sus pertenencias. También se descartó que se haya robado algún documento o equipo de cómputo de la Dirección de Órgano Interno de Control.
De todas formas, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) por daños en propiedad privada.
