Juan Carlos Jenkins de Landa, de la Fundación Mary Street Jenkins, es el primero de la familia que comparece ante el juez y queda vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero.
La audiencia se realizó de forma virtual el pasado 11 de enero debido a que Juan Carlos Jenkins de Landa se encuentra en San Diego, California. La justicia federal le otorgó la suspensión definitiva para que no fuera aprehendido y se presentara de forma voluntaria ante el juez.
En la resolución también se especificó que no se podía dictar como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que llevará su proceso en libertad.
El acto procesal estuvo a cargo de Enrique Beltrán Santés, juez de Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. De acuerdo con medios nacionales, Carlos Román Hernández, abogado de Juan Carlos, quedó vinculado a proceso por el mismo delito y como medida cautelar se estableció firma periódica y entrega de pasaporte para que no pueda salir del país.
En 2016, el primogénito de los Jenkins de Landa, Guillermo, denunció a Juan Carlos y cinco familiares más de lavado de dinero. Alegó irregularidades financieras, pues alrededor de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins terminaron en países reconocidos como paraísos fiscales.
Fundación Mary Street Jenkins es dueña de los clubes deportivos Alpha y del Colegio Americano de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), entre otras cosas.
Acusan a Juan Carlos Jenkins y a otros de sus familiares de lavado de dinero y operaciones con dinero ilegal
Hasta 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa; su madre Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, nieto de Juan Carlos.
En diferentes ocasiones, los Jenkins han acusado una intromisión del gobierno de Puebla, pero el actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes, les pidió no involucrarlos porque se trata de un pleito entre particulares.
