Izúcar de Matamoros recibió la consulta a personas con alguna discapacidad para que el Congreso de Puebla expida la Ley de Movilidad y Seguridad Vial local.
A la ceremonia en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas, acudió la presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio.
También, estuvo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Guadalupe Leal Rodríguez.
Ahí, Silvia Tanús reconoció que existe una deuda con las personas discapacitadas en materia de movilidad: “Les hemos fallado, como gobierno les hemos fallado”.
Comentó que, tras acudir a una entrevista radiofónica, le informaron que las combis del municipio no dan servicio a las personas con discapacidad.
Por ello, la legisladora pidió que se difundiera el número dispuesto a la ciudadanía para hacer el reporte.
En tanto, Guadalupe Leal señaló la importancia de que la ciudadanía participe en esta consulta. La gente podrá expresar sus necesidades para que la ley sea expedida conforme a ellas.
Para que hoy hubiera el derecho a la movilidad, para que ustedes tengan derecho a la salud y llegar a ese hospital, primero deberían tener derecho a la movilidad, es un derecho ya consagrado en nuestra Constitución”, dijo.
La presidenta municipal de Izúcar, Irene Olea, comentó que el ayuntamiento ha estado trabajando en los reglamentos de imagen urbana y reglamentos de construcción. Sin embargo, señaló que es necesaria la expedición de esta ley, para que se diseñen en armonía con este ordenamiento.
¿Por qué llegó a Izúcar de Matamoros la consulta sobre la Ley Movilidad?
El Congreso está en la fase de consulta de la ciudadanía en cuatro municipios, previo a expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
La razón es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, como la ley afecta a las personas con discapacidad, se les debe de consultar sobre sus necesidades.
Esta legislación establece el orden y control de la circulación vial, así como los criterios de velocidad.
Para las áreas escolares, asilos y áreas hospitalarias la velocidad máxima será de 20 kilómetros; de 50 kilómetros en vialidades secundarias y, de 80 en avenidas grandes.
También, determinará los mecanismos de coordinación en materia de seguridad vial, las bases para programar y organizar la infraestructura y equipamiento vial.
Apostará por la planeación y coordinación en materia de movilidad de las dependencias gubernamentales y, los mecanismos de prevención de siniestros viales.
